Migración “amarga” en la frontera

EN ÓRBITA Foto: Martha García El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal, posee un informe titulado “Conectividad Laboral y Migratoria en la Agroindustria Azucarera en la Frontera Sur de México”, de su investigadora titular Martha García Ortega. El estudio, redactado para el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), sería el más completo en la materia realizado en terreno en las siete regiones cañeras del país, entre estas Quintana Roo, con su ingenio San Rafael de Pucté. La antropóloga social con doctorado en Ciencias Sociales, destaca que la investigación expone la movilidad laboral -interna y transfronteriza- atraída por la zafra y el café, “un tema poco conocido en la literatura de las migraciones y en la opinión pública sobre los límites con Centroamérica”, pondera. La también integrante del Sistema Nacional de Investigación nivel 1, sostiene que son múltiples las razones de su interés. Por ejemplo: en agosto de 2016 culminó la privatización de los ingenios, por lo que desde este año todos están en mano privadas. ¿En qué ha cambiado? Los detalles deberán escudriñarse. Ambos cultivos han sido grandes demandantes de fuerza de trabajo, tanto del interior de la república como proveniente de Guatemala y Belice, por lo que prevalece una experiencia histórica, fomentando desplazamientos periódicos, principalmente en la franja limítrofe del sur. En los estados de la región, los siete ingenios absorben 8 mil trabajadores en la cosecha de caña (10% del total nacional). Tal movilidad se enmarca en las actuales<s> </s>corrientes migratorias globales Sur-Sur. Por último, no debe olvidarse que México se ubica entre los diez primeros productores y consumidores de azúcar. El sector es el más dinámico en función de la alta movilidad en periodos de zafra (noviembre-junio). Respecto a los desafíos, precisa la catedrática, “son diversos y crecientes”: van desde el rezago tecnológico, los bajos precios pagados, la infraestructura heterogénea, los problemas de financiamiento, el endeudamiento y la incapacidad administrativa, hasta la sostenibilidad socio-ambiental, el cambio climático o la adquisición de insumos. Y hoy se enfrenta la revisión del TLC, con las incertidumbres propias del caso. Aunado a ello, alerta, el mercado de trabajo se sostiene sobre un modelo precario en términos de la desregulación laboral, control político y desatención institucional. “La vulnerabilidad y la falta de garantía para ejercer sus derechos laborales resultan injustificables”, critica. Aunque la ocupación del corte de caña es eminentemente masculina, también participan mujeres y es común ver niños en los cañales. La ausencia de infraestructura educativa poco aporta a cubrir un espacio de ocupación y formación de los menores de 18 años, muchos de ellos ya jefes de familia. Datos de una encuesta realizada en la zafra 2011-2012 (que permanecen vigentes, asegura), revelan que el 70% es contratado de palabra. En campo “se constató que la paga es de sobrevivencia: desde hace más de media década el precio de una tonelada de caña cortada está alrededor de 35 pesos. Si está sucia o mal cortada, es menos”. El mantenimiento de los espacios donde viven corre a cargo de los encargados de la zafra, pasando factura a los productores empleadores, que son pobres, minifundistas y endeudados. Más próximo a la condición de los trabajadores internacionales está el problema de su registro migratorio, que no logra ser clara por culpa de vicios y prácticas nocivas. García concluye que existe una deuda histórica con los trabajadores agrícolas cañeros por lo que garantizar empleos dignos es lo mínimo para fortalecer la seguridad humana de las fronteras. La lucha continúa En atención al llamado de agrupaciones civiles para la protección de los derechos de la mujer, el Verde Ecologista propuso en la sesión de este martes 25 la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, la cual fue dictaminada favorable para su aprobación en una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, encabezada por la cancunense Ana Patricia Peralta de la Peña. La propuesta fue respaldada por los demás integrantes de la fracción: José de la Peña Ruiz de Chávez, Santy Montemayor Castillo, Tyara Schleske de Ariño y José Carlos Toledo Medina, quienes consideraron que con la creación del nuevo órgano responde a las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Hay “peros”. Independiente de lo que dictaminen o aprueben los diputados, la protección de las mujeres estará incompleta si no se aprueba la iniciativa para tipificar como delito la violencia política contra la mujer, que presentó la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, hace algunas semanas. Lo ideal sería que la consideren para enriquecer el contexto del debate y robustecer la disposición legal en ciernes. Y que sea a tiempo, ya que, por su trascendencia indudable, debería estar promulgada 90 días antes del inicio del proceso electoral del 2018, que será el 15 de febrero en el caso de las locales. Jalen parejo Algo similar ha sucedido con la propuesta de la legisladora Leslie Hendricks Rubio, quien, en noviembre pasado y en calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, presentó la iniciativa de decreto por la cual reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una acción tan necesaria como trascendente. Lo destacable, ha detallado la también cancunense, es la incorporación de novedosos conceptos, precisamente como el de “violencia política”, “base de datos de niñas y mujeres desaparecidas” y “cultura preventiva”, con los cuales se podría abordar la temática más allá de prohibiciones o castigos. La semana pasada, ella misma dialogó con autoridades de diversos niveles de gobierno y representantes de asociaciones civiles especializadas para revisar avances en todos los ámbitos, con el fin, dijo entonces, “de evitar una alerta de género en Quintana Roo”. Así, debe suponerse que el visto bueno a la Fiscalía Especializada no es “logro consumado” de un partido ni de una administración, sino un avance importante de todos los actores involucrados en una visión de política pública de protección a las mujeres. De esta manera se entiende que algunos diputados y ciertos gobernantes están trabajando con altura de miras en asuntos que merecen prioridad y toda la atención. Basta mirar el Plan de Trabajo 2017 de dicha Comisión para saber cuáles son los tópicos urgentes en el estado, según la gente que se expresa en foros, encuentros y otros medios de contacto. Si las iniciativas están en comisiones o en archivos, es el momento para exponerlas, discutir y aprobar. Se trata de un tema innegociable.

Migración “amarga” en la frontera

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